11 May Desescalada de la Administración de Justicia
El pasado 9 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado, la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
La presente orden tiene por objeto el establecimiento de un Plan de Desescalada, con diferentes fases, que se activarán en función de las indicaciones de la autoridad sanitaria, y que permitirán incrementar de manera progresiva la prestación de los servicios esenciales en la Administración de Justicia.
Se prevén cuatro fases de incorporación presencial del personal:
- Fase I, denominada “Inicio de la reincorporación programada”, se inicia el martes 12 de mayo, reincorporándose entre el 30% y el 40% del personal (juzgados, fiscalía, Instituto Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). Tendrá una duración de al menos una semana.
- Fase II “Preparación para la reactivación de los plazos procesales.”. En esta fase el personal reincorporado ascenderá al 60% o 70%. Los funcionarios se distribuirán en turnos de mañana y tarde. Tendrá una duración de al menos dos semanas.
- Fase III “Actividad Ordinaria con plazos procesales activados”. Se prevé la reincorporación del 100% de las plantillas.
- Fase IV “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma”. Se iniciará cuando las autoridades sanitarias lo aconsejen, retomándose el funcionamiento ordinario de cada órgano.
Los turnos antes mencionados para los funcionarios serán:
- De mañana: entre las 7:30 y las 14 horas, con una asistencia de entre el 70% y el 80% de la plantilla.
- De tarde: entre las 15 horas y las 20 horas, en el que asistirá entre el 20% y el 30% del personal.
La atención al público será por teléfono o mediante correo electrónico. Si fuera necesario algún trámite presencial, será mediante cita previa.
Adicionalmente, se aprueban las medidas de seguridad laboral para garantizar la seguridad del personal al servicio de la administración de justicia, que se describen de manera muy pormenorizada.
No existe ninguna previsión para el desatasco de los Juzgados, ni ningún tipo de inversión económica, pese a que como comentábamos en artículos anteriores, la situación de la Administración de Justicia en España ya era muy preocupante antes del COVID-19, a lo que hay que añadir estos dos meses prácticamente de paralización absoluta, así como la también apuntada, previsión del aumento de litigiosidad, consecuencia de la pandemia y de la crisis económica.
Álvaro García Sánchez
Director departamento Derecho Penal y Compliance
